Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Declaración de Ámsterdam de 1975
La Declaración de Ámsterdam fue adoptada por el Congreso sobre el Patrimonio Arquitectónico Europeo, Consejo de Europa, en el año 1975. La Declaración enfatiza los roles anteriores de planificación, educación, medidas legales y administrativas en la protección del patrimonio europeo. Explica detalladamente el significado de "conservación integrada" la cual exige la cooperación entre arquitectura y planificación urbana y por lo tanto, la conservación arquitectónica debe convertirse en una parte integral de la planificación urbana y regional. El esfuerzo de conservación que debe realizarse debe medirse no sólo en función del valor cultural de los edificios, sino también en función de su valor de uso.
Contradiciendo la Carta de Atenas (1933) establece la continuidad histórica para permitir que las personas se sientan seguras a pesar de los cambios sociales abruptos. Por lo tanto, exige una nueva planificación urbana, distinta de la funcionalista. Continúa la idea de la Carta de Atenas para la restauración de monumentos históricos (1931) y de la Carta de Venecia (1964) sobre las nuevas funciones en edificios antiguos. “El reconocimiento de los reclamos de los valores estéticos y culturales del patrimonio arquitectónico debe llevar a la adopción de objetivos específicos y reglas de planificación para los complejos arquitectónicos antiguos”. Debe haber una integración entre los reglamentos de planificación comunes y aquellos para la protección de edificios históricos. Con este fin, se requiere un inventario de los edificios, complejos y sitios con valor cultural, asegurando medios financieros para la “conservación integrada”.
Declaración de Ámsterdam (21-25 de octubre de 1975)
I. Prefacio
La Declaración de Amsterdam cristaliza un momento importante de la evolución del pensamiento europeo en el ámbito de la conservación del patrimonio arquitectónico.
Lo que sorprende en esta evolución es la ampliación de esta noción.
Limitada al monumento, sitio o conjunto de interés preferente, la noción de patrimonio arquitectónico abarca hoy todos los conjuntos construidos se presentan como una entidad, no solamente por la coherencia de su estilo, sino también por la huella de la historia de los grupos humanos que allí han vivido durante generaciones.
El Congreso de Amsterdam ha confirmado esa tendencia a abolir toda segregación jerárquica entre los conjuntos de mayor interés artístico y los de menor interés.
La conservación del patrimonio arquitectónico entra así de pleno derecho en el marco de una política global y democrática del medioambiente.
Por otra parte, se manifiesta claramente que la exigencia de esta conservación es una exigencia vital, porque está motivada por una necesidad profundamente humana: vivir en un universo que siga siendo familiar, a la vez que integrador del cambio deseable e inevitable.
La calidad de un ambiente tan apreciada por los extraños o el aire de familia tan querido para los autóctonos son términos abstractos que, sin embargo, traducen una realidad profundamente enraizada en el tiempo: la acumulación de estratos, depositados por muchas generaciones, de una existencia marcada por un cierto grado de continuidad.
Ignorar la necesidad de respetar el equilibrio de los agrupamientos y asentamientos humanos formados a lo largo de los años, es abrir el camino al desequilibrio síquico de los individuos y a los traumatismos sociales. Nuestra época, tan rica en desconciertos, a menudo impuestos por los que no piensan más que en términos de rendimiento y provecho, nos proporciona pruebas cotidianas de este peligro.
En consecuencia, la conservación del carácter de los conjuntos históricos es indisociable de una política social del hábitat, es decir, de una política que tiene en cuenta los derechos de los residentes tradicionales económicamente débiles en un lugar de vida familiar saneado y mejorado. Citemos a este propósito la Resolución 598 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, relativa a los aspectos sociales de la salvaguardia del patrimonio arquitectónico.
El coste de una política de esta índole puede ser, en opinión de algunos, desproporcionado en relación con los medios de que disponen los poderes públicos. Es por ello que conviene, cuando se emprenden obras de interés colectivo (como la preservación de un ambiente construido de calidad o reconocido como tal), determinar cuidadosamente cuáles son las partes que incumben, respectivamente, a los recursos privados y a las finanzas públicas.
Además, e independientemente de la fuente de financiación, la conservación del patrimonio arquitectónico, concebida, como debe ser, en la escala de una operación de rehabilitación urbana, no cuesta necesariamente más cara que la construcción o la reconstrucción tras la demolición de conjuntos inmobiliarios modernos provistos de las infraestructuras necesarias.
El programa europeo de realizaciones ejemplares y las confrontaciones del Consejo de Europa han ofrecido análisis de casos que demuestran concretamente el interés económico de las operaciones de rehabilitación.
En un momento en el que se toma conciencia de la necesidad de moderar el crecimiento, de utilizar y reutilizar lo existente ¿se va a admitir por fin que la conservación, lejos de ser sinónimo de conservadurismo, es un instrumento indispensable de una política de cambio con rostro humano?
Todas estas verdades, progresivamente esclarecidas a lo largo de doce años de trabajo realizado en el seno del Consejo de Europa, han conocido su consagración en el Congreso de Amsterdam que ha tenido el mérito de reunir a eminentes personalidades de todos los medios políticos y profesionales implicados, representando no sólo a Europa Occidental, sino también a Europa Oriental, a los Estados Unidos y a Canadá.
Es importante ahora que el impulso dado por el Consejo de Europa, gracias a la organización de este Congreso, sea mantenido y reforzado.
Es importante que los gobiernos tomen nota de la enseñanza que se puede extraer del Congreso y destinen a la conservación del patrimonio nacional medios proporcionados a la amplitud de sus tareas.
Una opción política y económica semejante implica el apoyo de la opinión pública.
Ésta es ya consciente del valor de un patrimonio construido, que, por sus estructuras y formas, responde a la variedad de necesidades y de gustos. En el origen de esta toma de conciencia, conviene subrayar el papel determinante de las campañas nacionales llevadas a cabo en el marco de este año 1975, declarado por el Consejo de Europa Año Europeo del Patrimonio Arquitectónico 1975. Sin embargo, los gobiernos deberán proseguir sus esfuerzos manteniendo los comités nacionales o dotándose de instrumentos que tengan una eficacia análoga. A ellos corresponderá difundir lo más ampliamente posible la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico del Consejo de Europa, texto destinado al gran público y que ellos han adoptado por unanimidad.
En consecuencia, la realización de la conservación integrada necesita dos condiciones previas: una opinión pública consciente y vigilante y unos medios presupuestarios adecuados.
De acuerdo con estas condiciones las empresas de construcción, deberán esforzarse en adaptar sus estructuras y métodos a las exigencias de las obras de restauración y mantenimiento.
Asimismo, la consideración de estas condiciones facilitará una perspectiva de estabilidad del empleo en este sector y permitirá resolver el problema, muy grave y prioritario, de la penuria de arquitectos y urbanistas especializados, así como de la mano de obra cualificada.
De este modo, finalmente, las verdades aplaudidas en Amsterdam terminarán por imponerse.
La misión del Consejo de Europa es la de profundizar en estas verdades, logrando con ello -más que en el pasado- catalizar y coordinar el esfuerzo de los Estados miembros.
Georg Kanh-Ackermann Secretario General del Consejo de Europa
 |
