Diferencia entre revisiones de «Declaración de Ámsterdam de 1975»

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Aunque, por todas estas razones, la legitimidad de la conservación del patrimonio arquitectónico se presente hoy con una fuerza nueva, es necesario fundamentarla sólida y definitivamente; debe, pues, dar lugar a investigaciones de carácter fundamental y estar incluida en todos los programas de educación y de desarrollo cultural.   
Aunque, por todas estas razones, la legitimidad de la conservación del patrimonio arquitectónico se presente hoy con una fuerza nueva, es necesario fundamentarla sólida y definitivamente; debe, pues, dar lugar a investigaciones de carácter fundamental y estar incluida en todos los programas de educación y de desarrollo cultural.   
====1.-La conservación del patrimonio arquitectónico: uno de los objetivos principales de la planificación urbana y de la ordenación del territorio====
La planificación urbana y la ordenación del territorio deben integrar las exigencias de la conservación del patrimonio arquitectónico y no tratarla de forma fraccionaria o como un elemento secundario, como ha sucedido a menudo en el pasado reciente. A partir de ahora, es indispensable un diálogo permanente entre los conservadores y los urbanistas.
Los urbanistas deben reconocer que los espacios no son equivalentes; es necesario tratarlos según las características que les son propias. El tener en cuenta los valores estéticos y culturales del patrimonio arquitectónico debe conducir a fijar para los conjuntos antiguos objetivos y normas de acondicionamiento especiales. No se deben limitar a superponer, sin coordinarlas, las normas ordinarias de planificación y las normas especiales de protección de edificios históricos.


Con el fin de hacer posible esta integración, conviene elaborar el inventario de los monumentos, conjuntos arquitectónicos y sitios, incluyendo la delimitación de zonas periféricas de protección. Sería deseable que estos inventarios fueran ampliamente difundidos especialmente entre las autoridades regionales y locales, así como entre los responsables de la ordenación del territorio y del urbanismo, con el fin de llamar su atención sobre los edificios y zonas dignas de ser protegidas. Un inventario de estas características proporcionará una base realista a la conservación, ya que constituye un elemento cualitativo fundamental para la gestión de los espacios.
La política de ordenación regional debe integrar las exigencias de la conservación del patrimonio arquitectónico para contribuir a la misma. Puede, en particular, estimular a las nuevas actividades a implantarse en zonas de declive económico, a fin de frenar su despoblación y, por lo tanto, impedir la degradación de los edificios antiguos. Por otra parte, las decisiones tomadas para el desarrollo de las periferias de las ciudades deben estar orientadas de tal manera que atenúen las presiones que se ejercen sobre los barrios antiguos. A este respecto las políticas concernientes a los transportes, al empleo y a una mejor distribución de los focos de actividad urbana pueden tener incidencias importantes en la conservación del patrimonio arquitectónico.
La plena expansión de una política continua de conservación exige una amplia descentralización y la toma en consideración de las culturas locales. Esto supone la existencia de responsables de la conservación a todos los niveles (centrales, regionales y locales) allí donde se tomen decisiones en materia de ordenación. Pero la conservación del patrimonio arquitectónico no debe ser solamente una cuestión de expertos. El apoyo de la opinión pública es esencial. La población debe, sobre la base de una información objetiva y completa, participar realmente desde la elaboración de los inventarios hasta la preparación de la toma de decisiones.
Finalmente, la conservación del patrimonio se inserta en una nueva perspectiva general, atenta a nuevos criterios de calidad y medida y que debe permitir desechar en lo sucesivo alternativas y objetivos, muy a menudo determinados por el corto plazo, por una visión estrecha de la técnica y al fin de cuentas por una concepción desfasada.
====2.- La conservación integrada compromete la responsabilidad de los poderes locales y apela a la participación de los ciudadanos====
Los poderes locales deben tener competencias precisas y amplias en materia de protección del patrimonio arquitectónico. Al aplicar los principios de una conservación integrada, deben tener en cuenta la continuidad de las realidades sociales y síquicas existentes en las comunidades urbanas y rurales. El futuro no puede ni debe ser construido a costa del pasado.
Para establecer una política semejante, respetando con inteligencia, sensibilidad y economía el medioambiente construido por el hombre, los poderes locales deben: - Apoyarse en un análisis del tejido de los conjuntos urbanos y rurales, especialmente su estructura, sus complicadas funciones, así como las características arquitectónicas y volumétricas de sus espacios construidos y abiertos; - Atribuir a los edificios las funciones que, respetando en todo su carácter, respondan a las condiciones de vida actual y garanticen así su supervivencia; - Estar atentos al hecho de que los estudios de sondeo sobre la evolución de los servicios públicos (educativos, administrativos, médicos) demuestran que el gigantismo es desfavorable para su calidad y su eficacia; - Consagrar una parte apropiada de su presupuesto a esta política. En este contexto deberán solicitar de los gobiernos la creación de fondos específicos. Las subvenciones y préstamos concedidos a los particulares y a las diversas agrupaciones por los poderes locales deberán estimular el empeño moral y financiero de éstos; - Designar delegados responsables para todos los asuntos que conciernan al patrimonio arquitectónico y a los sitios; - Establecer organismos de utilidad pública, creando un vínculo directo entre los usuarios potenciales de los edificios antiguos y sus propietarios; - Facilitar la formación y el funcionamiento eficaz de asociaciones interesadas en la restauración y en la rehabilitación.
Los poderes locales deben perfeccionar sus técnicas de consulta para conocer la opinión de los grupos implicados en los planes de conservación y tenerla en cuenta desde la elaboración de sus proyectos. En el marco de la política de información al público, ellos deben tomar sus decisiones a la vista y con conocimiento de todos, empleando un lenguaje claro y accesible a todos, a fin de que la población pueda conocer, discutir y apreciar los motivos de las decisiones. Deberán ser previstos lugares de encuentro para la concentración pública.
En este sentido el recurrir a reuniones públicas, a exposiciones, a sondeos de opinión, a los medios de comunicación y a todos los otros medios apropiados, debería convertirse en una práctica corriente.
La educación de los jóvenes en el ámbito del medioambiente y su asociación a todas las tareas de salvaguardia constituye uno de los mayores imperativos de la acción municipal.
Las proposiciones complementarias o alternativas presentadas por las agrupaciones o por los particulares deberán ser consideradas como una contribución apreciable a la planificación.
Finalmente, los poderes locales tienen gran interés en comunicarse sus experiencias respectivas. En consecuencia, deberán establecer un intercambio constante de información y de ideas a través de todas las vías posibles.
====3.- La toma en consideración de los factores sociales condiciona el éxito de toda política de conservación integrada.====
Una política de conservación implica también la integración del patrimonio arquitectónico en la vida social.
El esfuerzo de conservación debe ser valorado no sólo en relación con el valor cultural de los edificios, sino también con su valor de uso. Los problemas sociales de la conservación integrada sólo pueden ser resueltos mediante una referencia combinada de estas dos escalas de valor.
La rehabilitación de un conjunto, que forma parte del patrimonio arquitectónico, no es una operación necesariamente más costosa que una construcción nueva sobre una infraestructura existente o, incluso, que la construcción de un conjunto en un lugar no urbanizado. Conviene, pues, cuando se comparan los costes de estos tres procedimientos, cuyas consecuencias sociales son diferentes, no omitir el coste social. En ello están interesados no sólo los propietarios y los inquilinos, sino también los artesanos, los comerciantes y los empresarios alojados en el lugar, que aseguran la vida y el mantenimiento del barrio.
Para evitar que las leyes del mercado se apliquen con todo su rigor en los barrios restaurados, lo que tendría como efecto el desalojo de los habitantes incapaces de pagar la subida de los alquileres, conviene que los poderes públicos intervengan para moderar los mecanismos económicos como lo hacen siempre cuando se trata de alojamientos sociales.
Las intervenciones financieras pueden equilibrarse entre las primas a la restauración, acordadas con los propietarios mediante la fijación de topes para los alquileres, y la asignación de indemnizaciones de alojamiento a los inquilinos para rebajar, e incluso completar, la diferencia entre los antiguos y los nuevos alquileres.
Con el fin de permitir a la población participar en la elaboración de los programas, conviene darle los elementos de apreciación de la situación, explicándole, por una parte, el valor histórico y arquitectónico de los edificios que hay que conservar y, por otra, proporcionándole todas las indicaciones sobre los realojamientos definitivos y temporales.
Esta participación es tanto más importante cuanto que no se trata solamente de la restauración de algunos monumentos privilegiados, sino de la rehabilitación de barrios completos.
Esta sensibilización práctica hacia la cultura comporta un beneficio social considerable.


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